Nuestro panorama político actual está inmerso en un sinfín de casos fraudulentos. La corrupción no deja de aflorar en la prensa española, la cual ha recogido los últimos ejemplos más sonados, entre los que nos encontramos el asunto Bárcenas, Ferrusola, Urdangarín o Gurtel.
La respuesta ciudadana se ha traducido en un profundo rechazo de la clase política y han sido muchos quienes han dirigido sus dedos acusadores en busca de culpables, exigiendo dimisiones. Los casos han servido a su vez para iniciar repulsivas campañas de difamación promovidas, cómo no, por los oportunistas de turno.
Vista la situación uno no puede evitar sentir una decepción y una desconfianza hacia cualquier partido político. Sin embargo, son pocos los que se preocupan por descubrir y reparar la raíz del mal, el germen del problema, es decir, averiguar qué solución se ha de dar a la causa de la corrupción.
La investigación al ex-tesorero del PP Luis Bárcenas ha puesto de manifiesto la deficiente gestión en las finanzas de los partidos políticos. Esta ineficacia, proviene entre otras cosas, de la irresponsabilidad legal de este país.
Nos encontramos pues, en un sistema que se dedica a promulgar multitud de leyes para luego no ejercerlas, dejándolas inactivas por falta de medios para hacer cumplirlas. Las dos muestras claras de esta negligencia legal las encontramos en un Tribunal de Cuentas que revisa sus cuentas con años de retraso y en unos políticos que se resisten a publicar su contabilidad, tal como lo exige la ley.
Estos problemas, como casi todos en la vida, presentan soluciones y se podían haber evitado si nuestros ojos se hubiesen fijado más en los modelos administrativos, políticos y legales de países como Alemania, en vez de haber dejado el conflicto sin resolver.
Parece ser que aquí en España, tanto los políticos como los ciudadanos estamos más ocupados echándonos las culpas los unos a los otros y buscando una cabeza de turco.
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